5 de agosto de 2025
En el corazón del programa La Escuela es Nuestra late un principio que lo distingue: la participación directa y organizada de la comunidad escolar tanto en la toma de decisiones como en el manejo y vigilancia de los recursos.
Para su operación, La Escuela es Nuestra establece en asambleas democráticas Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP), conformados por las madres y padres de familia, quienes decidirán cómo emplear los recursos que se recibirán por el programa.
En la misma asamblea, las madres y padres del alumnado también conforman un Comité de Contraloría Social, cuya aprobación requiere una votación.
Este comité, integrado por una, dos o hasta tres personas que se denominan vocales de transparencia, tiene la función de vigilar que los apoyos económicos que el Gobierno de México otorga directamente a las escuelas sean usados correctamente.
Entre otras tareas, el Comité de Contraloría Social se encarga de:
- Informar al CEAP sobre las acciones de vigilancia y seguimiento realizadas, los avances del formato de Proyección de Necesidades y la rendición de cuentas de los recursos del programa.
- Vigilar que las acciones realizadas en el plantel coincidan con la documentación comprobatoria respectiva.
- Denunciar a las autoridades competentes en caso de detectar irregularidades en el uso de recursos.
- Entregar un informe final.
Por medio de este modelo participativo, La Escuela es Nuestra fortalece cualidades como la corresponsabilidad, transparencia, honestidad y rendición de cuentas, todo con el fin de satisfacer las necesidades del plantel.
Así, este Programa para el Bienestar empodera a las comunidades educativas para que sean ellas las que decidan, ejecuten y vigilen las compras u obras que se acuerden.
En miles de escuelas del país, los comités conformados por madres y padres han logrado que los recursos se conviertan en aulas dignas, horarios extendidos, baños funcionales, techos rehabilitados, mobiliario nuevo o servicios de alimentación.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.